La pandemia ha acelerado muchos procesos de digitalización con el fin de facilitar las medidas de distanciamiento. Por ejemplo, la Dirección de Trabajo, entre octubre de 2020 a la fecha, ha cursado vía electrónica unos 70 mil finiquitos por vía digital y 200 mil cartas de renuncia en lo que va transcurrido del año 2021, lo que revela una tendencia y, por lo tanto, amerita una serie de transformaciones para garantizar las mismas condiciones y derechos para los trabajadores y trabajadoras.
Por ello, la Sala del Senado despachó por 32 votos favorables y 1 abstención el proyecto que adecúa el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales, con lo cual quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara de Diputados.
Durante el debate hubo un reconocimiento transversal a la importancia de esta iniciativa que, si bien es simple, “apunta a un tema sensible y humano” pues con la pandemia casi 2 millones de chilenos quedaron sin sus fuentes de trabajo y, por lo tanto, se requieren medidas concretas para garantizar sus derechos, evitar las relaciones asimétricas y facilitar los pagos respectivos. En el voto de abstención, se justificó además por la preocupación ante la adecuada implementación de la iniciativa con el fin de evitar potenciales abusos.
En respuesta a las consultas de los senadores, el subsecretario de Trabajo, Fernando Arab, precisó:
1.- Los comparendos de conciliación ante la Dirección del Trabajo van a mantenerse, como ha seguido a la fecha, de manera presencial y, por lo tanto, ese rol insustituible de los Inspectores del Trabajo sigue vigente.
2.- El finiquito electrónico regula los casos en que los empleadores envían los finiquitos ya firmados a notaría, para que el trabajador concurra en un tiempo posterior, o el empleador incluso dejaba el finiquito en la Inspección del Trabajo, para que el trabajador lo suscriba en un tiempo posterior, por lo tanto, hasta ahora ambas partes, en ocasiones ni siquiera coincidían.
3.- La Tesorería General de la República ha venido operando de manera administrativa desde el año 2019 con los pagos, por lo que este proyecto le otorga el sustento legal.