La propuesta de la Cámara de la Construcción para modificar fórmula de exención de contribuciones

Una propuesta para modificar el actual sistema de exenciones de las contribuciones de bienes raíces presentó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), con el objetivo de allegar más recursos directos a las comunas más pobres del país.

La idea fue parte de la presentación de la novena versión del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), que el gremio de la construcción realiza anualmente en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El objetivo principal del ICVU es “aportar al diseño de políticas públicas y a la focalización de recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en las diversas comunas del país”, por lo que la fórmula para modificar el actual modelo de exención de contribuciones es parte del sentido del estudio.

La CChC -según informó el diario electrónico Pauta.cl- plantea que la exención del pago de contribuciones dependa en exclusiva del nivel de ingreso de las familias, y no como ocurre actualmente, que está basado principalmente en la tasación fiscal de la propiedad o en si cuenta o no con un beneficio DFL-2.

Actualmente, las propiedades están exentas del pago del impuesto territorial si su tasación fiscal está bajo las 1.200 Unidades de Fomento (equivalentes a unos $33 millones) o si están acogidas al sistema DFL-2. En el caso de las propiedades de menos de 70 metros cuadrados, éstas pagan el 50% de sus contribuciones por un plazo de 20 años. Aquellas que tienen una superficie de entre 70 y 100 metros cuadrados pagan la mitad por un período de 15 años. Y las que van entre los 100 y 140 metros cuadrados, pagan la mitad pero por un plazo de 10 años.

La propuesta del equipo técnico de la CChC de que la exención dependa solo del nivel de ingreso de las familias tiene como contrapartida que sea el Estado el que asuma el pago cuando los hogares no puedan hacerlo. La razón radica en que el no pago de este impuesto va en desmedro de la recaudación del Fondo Común Municipal, lo que genera en la práctica que las administraciones municipales de comunas con escasos recursos no tengan el dinero suficiente para realizar transformaciones y obras que mejoren efectivamente la calidad de vida de sus vecinos.

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