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Bitácora Financiera - Contable
         
   

02.11.2012
Nueva Ley de Quiebras: una reforma necesaria
El proyecto de Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, en actual tramitación en el Senado, constituye sin duda un gran avance en materia de técnica legislativa concursal, el que se ha construido en sintonía con las principales legislaciones del derecho comparado. Sin embargo, se han presentado algunas voces disidentes, reticentes al cambio, que destruyen, nada aportan y que, peor aún, se encuentran sumidas en el error.


Artículo de Nelson Contador, Profesor Derecho Comercial Universidad de Chile.
Fuente: Emol.com

El proyecto de Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, en actual tramitación en el Senado, constituye sin duda un gran avance en materia de técnica legislativa concursal, el que se ha construido en sintonía con las principales legislaciones del derecho comparado.

Sin embargo, se han presentado algunas voces disidentes, reticentes al cambio, que destruyen, nada aportan y que, peor aún, se encuentran sumidas en el error.

En primer lugar, señalan que los veedores o liquidadores -que en el proyecto de ley reemplazarán a los actuales síndicos- deben ser preferentemente contadores auditores, lo que no se ajusta a lo que el referido proyecto establece, toda vez que en sus artículos 11 y 32 señalan que pueden ser veedores o liquidadores cualquier persona que tenga una profesión de a lo menos 10 semestres de duración -ampliando inmensamente el espectro respecto de la ley vigente- y los contadores auditores. La mención aparte de los contadores auditores se debe a que la duración de su carrera, en la mayoría de las universidades e institutos, es de 8 semestres.

Por otra parte se ha afirmado, con desconocimiento del derecho comparado, que no es dable conceder al deudor un período de respiro para negociar con sus acreedores, lo que en el proyecto se denomina "protección financiera concursal", figura similar al "automatic stay" de la legislación norteamericana. Estas voces, que criminalizan al deudor por el simple hecho de encontrarse en insolvencia, olvidan que, antes de ello, el deudor fue fuente creadora de empleo y riquezas. Ciertamente, los delitos que se pudieren cometer antes o con ocasión de un procedimiento concursal, deben ser perseguidos con toda la fuerza de la ley, pero presumir legalmente que el deudor insolvente es un delincuente no resiste mayor análisis.

Se ha publicado, también, que el tratamiento del juicio de oposición previsto en el proyecto incurre en errores lamentables al confundirlo con el juicio de cobro de pesos, por el hecho de conferirles la calidad de partes al acreedor solicitante y al deudor demandado, como también por el hecho de limitar la defensa del deudor a las alegaciones contenidas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Dicha afirmación no puede estar más alejada de la realidad, toda vez que el juicio de oposición que contiene el proyecto de ley no tiene más finalidad que la de corregir el desafortunado tratamiento de la defensa del deudor en el actual juicio de quiebra y el inoperante recurso especial de reposición, que es incapaz de asegurar el mínimo derecho a una justa defensa ex ante.

La gran aceptación que ha tenido el proyecto, tanto a nivel político como en parte importante del foro especializado, incluso a nivel internacional, no guarda relación con la aislada crítica recibida.

Estoy completamente seguro de que una vez que las voces disidentes efectúen un verdadero y completo estudio de este proyecto de ley concluirán que estas críticas son infundadas y fruto de un prejuicio conservador, que nada aporta a esta nueva normativa concursal, la que cambiará sustancialmente instituciones que ya están probadamente obsoletas.

Artículo de Nelson Contador, Profesor Derecho Comercial Universidad de Chile.
Fuente: Emol.com

   
         
         
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