Tesorería suscribió convenio con Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

Con el propósito de agilizar los procedimientos para el pago de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que enfrentan situaciones de insolvencia económica y colaborar con la difusión de las normas y beneficios que contempla la Ley 20.720 para estos contribuyentes, el 27 de noviembre la Tesorería General de la República suscribió un convenio con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).

Hernán Frigolett expresó que la institución que encabeza tiene la mejor disposición de trabajar en conjunto con la Superintendencia de Insolvencia y que “este convenio permitirá buscar las convergencias en término de las herramientas que nosotros tenemos disponibles, y que son bastante flexibles para cada realidad de nuestros contribuyentes”.

La autoridad destacó que las personas que enfrentan situaciones financieras complejas “buscan soluciones regladas y amparo jurídico” y que en ese sentido “debemos estar lo más coordinados posibles, para que se aborden dos puntos: por un lado, que la persona solucione su problema de deuda y por el otro, que como Tesorería recuperemos las acreencias del Fisco y cumplamos con la recaudación”.

Con este objetivo se usará un formulario especial, asignado para tales efectos. Asimismo, Tesorería informará a la Superir, de manera periódica, el estado de los pagos de las multas, así como de otra información que no sea clasificada como reservada o secreta, en el marco de la Ley 20.720, sobre insolvencia y reemprendimiento.

Por su parte, el Superintendente Hugo Sánchez expresó que “para nosotros el tema del pago es importante y también el tema de la difusión”, especialmente en regiones, para promover la normalización económica de las personas afectadas por situaciones de insolvencia.

La TGR cuenta con 53 oficinas a lo largo del país y uno de los propósitos del convenio es difundir a través de éstas las disposiciones de la Ley 20.720, a través de charlas, folletería y atención presencial a los contribuyentes que se encuentren en situación de insolvencia.

Fuente:  Departamento de Estudios Transtecnia

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