Estado habría recaudado al menos US$ 50 millones adicionales en 2017 si Uber pagara impuestos en Chile

Para nadie es un misterio el impacto que han tenido las aplicaciones digitales de transporte en Chile. La irrupción del ridesourcing -como técnicamente se llaman estos servicios que prestan aplicaciones como Uber, Cabify o Easy Taxi- cayó como un balde de agua fría en el histórico mercado de los taxistas de “techo amarillo”, que en los últimos años han visto cómo les salió competencia al camino, a la que tildan de “ilegal”, e incluso no tardaron en aparecer en las calles hechos de violencia contra los nuevos “taxis” de plataforma.

¿Pero cuánto está moviendo realmente esta nueva industria en el país?

En Chile, Uber tiene 2,3 millones de usuarios activos; cuenta con más de 70 mil conductores inscritos; el año pasado se habrían realizado más de 100 millones de viajes, y generado ingresos superiores a los US$ 300 millones.

Todas estas cifras son solo parte del estudio “Tecnologías Disruptivas: Desafíos, Riesgos y Oportunidades”, elaborado por la Comisión Nacional de Productividad (CNP). El informe, al que “El Mercurio” tuvo acceso, también considera una completa caracterización tanto de los usuarios como de los conductores de este tipo de plataformas (ver infografía), y asimismo propone una serie de recomendaciones para regular este tipo de transporte, de modo de hacerlo más eficiente. El objetivo de la CNP -presidida por Joseph Ramos e integrada por Raphael Bergoeing, Carlos Álvarez, Andrea Butelmann, Fernando Carmona, Verónica Mies, Claudio Muñoz y Soledad Ovando- es entregar este informe al gobierno del Presidente Sebastián Piñera en los próximos días.

Si los choferes de Uber tributaran por renta presunta, aportarían US$ 18 millones en impuestos

Un aspecto crucial que aborda el informe y que tiene impacto en los ingresos fiscales es el de la no tributación de estas empresas internacionales en Chile, específicamente Uber, que radica sus operaciones en Holanda. Para cuantificar este efecto, la CNP realizó -en el marco de este informe- una minuta en la que calculó cuánto debió pagar esta empresa en impuestos el año pasado.

Según el organismo, si se considera que los usuarios activos de la empresa son 2,3 millones y, de acuerdo a una encuesta realizada en la Región Metropolitana, un usuario activo realiza en promedio 46,8 viajes al año (3,9 al mes), por medio de esta plataforma se realizaron 107.640.000 viajes anuales.

Considerando un viaje promedio de 3 kilómetros, por una tarifa de $1.650 -piso inferior, ya que no consideró la aplicación de una tarifa dinámica que, en promedio, puede alcanzar 1,5 veces el precio base-, el volumen de operaciones de Uber en Chile para el 2017 ascendería a unos US$ 300 millones. De esta forma, la matriz holandesa de Uber BV habría recaudado por concepto de comisiones unos US$ 88 millones.

El análisis de la CNP advierte que esta cifra implica que habrían ingresado a las arcas fiscales al menos US$ 29,5 millones por el Impuesto Adicional a las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero -considerado en la Ley de Impuesto a la Renta (LIR)-, y otros US$ 4,5 millones si la firma cancelara el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por correduría.

Asimismo, se estima que, de aplicarles a los 70 mil conductores de Uber el criterio de tributar por renta presunta, como lo hacen actualmente los taxistas con “techo amarillo” -utilizando como referencia un vehículo con un avalúo fiscal de $6,3 millones-, se recaudarían adicionalmente otros US$ 18 millones.

En suma, el fisco habría recibido el año pasado poco más de US$ 50 millones por este tipo de tributación, en una estimación que la propia CNP estima conservadora. “Uber lista a Chile entre los diez países de mayor uso de la plataforma, y el segundo en mayor uso en términos per cápita, por lo que es probable que esta cifra subestime el impacto real”, dice la minuta.

¿Pero es ilegal que estos ingresos no estén llegando al fisco hoy? La CNP es explícita en decir que el modelo de negocios utilizado por Uber y la legislación vigente en Chile le permite “legalmente” no pagar los impuestos en el país (ver recuadro).

Artículo de Carlos Agurto López

Fuente:  Economía y Negocios Domingo

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