El dilema latinoamericano de los impuestos digitales

La forma de cobrar impuestos a la emergente generación de plataformas de servicios digitales está trayendo dolores de cabeza a los ministerios de Hacienda de América Latina y del mundo.

No existe una fórmula universal de aplicar los gravámenes entre los países de América Latina, ya que algunos optan por el impuesto al valor agregado (IVA) y otros por el impuesto a la renta.

Según un informe publicado en marzo por la Cepal, Argentina (21%), Colombia (19%) y Uruguay (22%) ya cobran IVA a plataformas de servicios digitales como Netflix, Spotify y Amazon. Por su parte, Costa Rica (8,5%), Paraguay (10%) y Chile (19%) proponen comenzar a aplicarlo.

El informe señala que Uruguay y Perú son los únicos dos países que modificaron su legislación para cobrar el impuesto a la renta a plataformas digitales, mientras que México tiene un proyecto de ley en el Congreso en esa dirección.

El informe de la Cepal estima que los países latinoamericanos recaudarían unos US$580mn anuales si aplicaran el IVA y un impuesto especial de 3% a los servicios digitales como Netflix, Spotify, Apple y Uber.

Citando un estudio de 2017, la Cepal señala que Netflix, Spotify, Apple y Uber generaron alrededor de US$4.700mn en ingresos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

No es un debate nuevo la modalidad tributaria que se pretende aplicar a las plataformas de servicios digitales, en particular las cuatro grandes (Google, Amazon, Facebook y Apple, conocidas colectivamente con la sigla GAFA).

Algunas grandes empresas tecnológicas han encontrado un paraíso fiscal —y una puerta de acceso a Europa— en Irlanda.

Este mes, se reabrió el debate después de que la administración Trump iniciara una investigación según la Sección 301 de su legislación sobre Francia, mismo análisis que llevó a Washington a imponer aranceles a China.

El eventual gravamen que aplicaría Francia consistiría en un impuesto sobre la renta de 3% a los ingresos totales generados por algunas grandes empresas de servicios digitales que operan en su territorio. El impuesto solo se aplica a empresas con ingresos anuales totales de al menos 750mn de euros (US$840mn) a nivel mundial y 25mn de euros en Francia.

La medida se evalúa en el contexto del movimiento social de los “chalecos amarillos”, que objeta el impuesto a la gasolina y presiona al presidente Emmanuel Macron para que suba la tributación a empresas extranjeras.

Francia plantea que las empresas están pagando un impuesto a la renta insuficiente. Macron ha expresado apoyo a la medida, que está cerca de ser aprobada por ambas cámaras del Parlamento.

El representante de comercio de EE.UU. señaló que investigará si el impuesto francés discrimina a las empresas estadounidenses. La investigación podría empujar a EE.UU. a imponer sanciones a Francia en forma de aranceles a las importaciones francesas.

Francia no está sola. Italia, Austria, Polonia, República Checa y Nueva Zelanda también barajan aplicar impuestos a los servicios digitales.

Con la amenaza de posibles sanciones estadounidenses a Francia, cabe preguntarse si se podrían tomar medidas similares contra los países latinoamericanos.

AMERICA LATINA

Existe consenso entre los abogados consultados por BNamericas de que es poco probable que EE.UU. tome medidas punitivas contra los países latinoamericanos, o incluso contra Francia, por el hecho de aplicar estos impuestos digitales.

Thierry de Saint Pierre, presidente de la asociación informática chilena ACTI, señala que cobrar IVA a las plataformas de servicios digitales es una tendencia mundial que actualmente es discutida por los países de la OCDE.

Claudio Magliona, director del equipo legal de ACTI, dijo a BNamericas que el cobro del IVA es considerado por muchos en el mercado como la forma más justa de tributación para igualar las condiciones entre actores locales e internacionales, que pagarán lo mismo, y que los servicios serán gravados bajo el régimen en que se consumen.

Sin embargo, las condiciones no serán necesariamente tan iguales al aplicar el IVA, advirtió Víctor Fenner, director ejecutivo de EY Chile.

Según Fenner, en Chile las empresas locales pueden deducir un descuento impositivo del IVA, no así las extranjeras.

En ese caso, se podría decir que el consumidor es el más afectado al gravarse a empresas extranjeras de servicios digitales, razón por la que tal vez muchos países de la OCDE están considerando la aplicación de impuestos distintos al IVA, incluidos aquellos sobre la renta, dijo Fenner a BNamericas.

Agregó que el problema con el impuesto a la renta es que plantea la interrogante de si debe aplicarse en el país donde se encuentra el usuario o propietario del proveedor de servicios digitales o donde se consumen los servicios, o si se deben repartir las utilidades.

Fenner señaló que es una pregunta abierta: cómo, cuándo y en qué medida debiéramos gravar la economía digital. El mayor problema es que es una realidad muy diferente a otras actividades económicas, lo que significa que las categorías impositivas actuales nunca cubrirán todo. Eso explica por qué muchos países, como Francia, están pensando en aplicar nuevos tipos de impuestos.

También hay que determinar quién terminará pagando el impuesto. Bajo la propuesta chilena, los procesadores de tarjetas de crédito retendrán el gravamen. Lo importante es saber si empresas como Netflix subirán sus tarifas mensuales como resultado o absorberán el costo, dijo a BNamericas el abogado Cristian Reyes, de Estudio Bravo.

Según ITI, asociación comercial de TIC con sede en Washington D.C., se requiere una solución multilateral para evitar la fragmentación y la incertidumbre, mientras que las iniciativas de la OCDE debieran tomarse como referencia.

“La digitalización de los negocios globales está generando preguntas importantes sobre principios de larga data sobre tributación internacional. Es imperativo un enfoque multilateral coordinado para reformar el sistema impositivo internacional, especialmente cuando se trata de servicios que se brindan digitalmente en todo el mundo”, dijo a BNamericas el director de políticas de ITI, Sam Rizzo.

Fuente: Bnamericas

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