Cuando el nuevo estatuto laboral para jóvenes esté en régimen, el gobierno apuesta a que la participación laboral para el rango etario de 18 a 24 años suba cinco puntos, pasando del 47% a un 52%. Además, se pretende generar 100 mil nuevos empleos formales en un plazo de cuatro años desde que entre en vigencia esta nueva legislación.
Una de las promesas de campaña del ahora Presidente Sebastián Piñera era llegar a los nueve millones de personas empleadas, para lo cual se comprometió a crear 600 mil nuevas plazas laborales. Para lograrlo, su plan estratégico incluye, además de perfeccionar la reforma laboral, posibilitar los pactos individuales de adaptabilidad laboral, y ampliar el derecho a sala cuna, un programa especial para impulsar el empleo juvenil compatible con los estudios. El proyecto de ley del Estatuto Laboral Juvenil -que hoy está en su primer trámite legislativo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados- apunta a crear un régimen especial para estudiantes entre 18 y 24 años, con el propósito de facilitar su ingreso al mercado laboral, pero bajo condiciones excepcionales de jornada, remuneraciones, cotización de salud y beneficios sociales.
Hoy, solo un 9% de los jóvenes entre 18 y 24 años trabaja y estudia. Así, la tasa de desempleo juvenil en este grupo alcanzó un 16,1% para el trimestre enero-marzo 2018.
Según cifras de la Subsecretaría del Trabajo, la tasa de desempleo juvenil en Chile es tres puntos porcentuales más alta que la de los países desarrollados, mientras que la tasa de participación laboral entre los 15 y 24 años es casi 13 puntos porcentuales más baja que la del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
La meta del gobierno es mejorar estos indicadores. Así, cuando el plan esté en régimen, la apuesta es que la participación laboral de los jóvenes suba cinco puntos, pasando del 47% a un 52%. Esto implica la creación de 100 mil nuevos empleos formales en un plazo de cuatro años, desde que entre en vigencia esta nueva legislación.
El plazo que maneja el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, para que esta iniciativa vea la luz es el primer semestre, aunque lo más realista es que la ley vea la luz durante el tercer trimestre de este año. La discusión se retomará el próximo 8 de mayo.
Los ejes del proyecto
La columna vertebral de este proyecto establece un nuevo trato con los jóvenes que estudien y que quieran trabajar. Esto, porque la condición principal para tener esta jornada flexible es acreditar cada seis meses la calidad de alumno regular de alguna universidad, instituto profesional o centro de formación técnica, por lo que si el trabajador deja de acreditar esa condición se terminará el trato preferente que establece este estatuto.
Sobre la jornada laboral también se fijan diferencias con el resto de los trabajadores. De acuerdo al texto legislativo, quien esté bajo este estatuto no podrá exceder las 30 horas laborales semanales que deben distribuirse en no más de seis días. La duración diaria podrá ser continua o discontinua, se permite el pacto de jornadas diarias y semanales alternativas, mientras que las horas trabajadas no podrán exceder de 12 diarias. No se permite pactar horas extraordinarias.
En términos de seguridad social, los jóvenes que trabajan podrán optar por no cotizar para salud, manteniendo su calidad de carga legal médica, y podrán mantener su condición de causantes de asignación familiar, no obstante las rentas percibidas en virtud del contrato.
Otro de los beneficios que tendrán bajo este nuevo régimen apunta a que la remuneración que reciba no se considerará renta para la entrega de los siguientes beneficios: Fondo Solidario, crédito fiscal universitario y crédito con garantía estatal, y cualquier otro sistema de crédito, subsidio o beneficio que tenga por objeto financiar estudios en una institución de educación superior o gastos asociados a ellos.
La respuesta a la OIT
Hace unas semanas, durante la presentación del proyecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entregó algunos reparos a la iniciativa. Entre los principales puntos que se cuestionaron está el hecho de que en ningún artículo se refiere al salario que se otorgará a este segmento de trabajadores. Ante esta inquietud, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, enfatizó que “el salario que se entregará será el mismo que cualquier otro trabajador, por lo que no habrá discriminación y con eso las dudas de la OIT se despejan”, indicó. Arab precisó que la base será el salario mínimo, el cual se entregará de manera proporcional a las 30 horas semanales, ya que ese es el máximo de horas que permitirá este estatuto, por lo que asegura que no hay ningún trato de precarización salarial para este segmento de la población.
Otra duda que se planteó se relaciona con que la norma no reconoce la antigüedad de los jóvenes que tengan contrato a plazo fijo y luego pasen a indefinido, sin embargo, para Arab esa es una materia que el gobierno estaría abierto a revisar y conversar con los parlamentarios para acordar el ingreso de alguna indicación que explicite el reconocimiento de la antigüedad.
Artículo de Carlos Alonso
Fuente: Pulso