En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley quedó el proyecto (boletín 12291) que reajusta las remuneraciones del sector público a partir del 1 de diciembre de 2018, luego que la Cámara ratificara la propuesta teniendo como norte avanzar en equidad social y en respetar el acuerdo alcanzado entre los trabajadores y el Gobierno.
La iniciativa, despachada en primer trámite el martes recién pasado, fue analizada hoy a la luz de dos cambios acotados que se realizó el Senado, que perfeccionaron normas introducidas al texto por la Cámara y que se relacionan con los asistentes de la educación.
Los/as diputados/as definieron que los asistentes de la educación que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes, así como en las provincias de Chiloé y Palena, de la Región de Los Lagos, tendrán derecho a gozar de su feriado aumentado en cinco días hábiles. El Senado vino a complementar esta disposición agregando al listado a la región de Arica y Parinacota y a las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández.
Además, se precisó la redacción de la norma relativa a la entrada en vigencia (1 de enero de 2019) de algunas medidas contempladas en la Ley 19.464, que establece normas y concede aumento de remuneraciones para el personal asistente de la educación.
Ambas modificaciones fueron ratificadas por 126 votos a favor y dos en contra.
Durante el debate, las/os legisladoras/es insistieron en la importancia de las negociaciones llevadas a cabo con los gremios del sector público y en la necesidad de mantener la estabilidad del sistema, para lo cual pidieron el fiel cumplimiento de parte del Ejecutivo de los acuerdos alcanzados en el proceso, en particular en torno a no incurrir en nuevos despidos injustificados y en revisar los casos en que no hubo fundamento.
Asimismo, parte de la discusión también estuvo centrada en el tema de las brechas salariales en el ámbito público y en resaltar que ni el Senado ni el Gobierno insistieran en definir un reajuste para las altas autoridades del país, que originalmente se proyectaba en un 2,9% y que la Cámara redujo a cero.
Datos generales del proyecto
El proyecto despachado contempla un reajuste general de 3,5% que afecta a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tales como sueldos bases, asignación profesional, de zona, de fiscalización, municipal, de especialidades y otras similares, según la normativa que les sea aplicable, a los trabajadores de la administración civil del Estado.
También se incluyen en este marco el personal afecto a las escalas de remuneraciones del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, de las municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, incluidos los profesionales regidos por la Ley 15.076.
No tendrán reajuste el Presidente de la República; los ministros de Estado; los subsecretarios; los intendentes; el Presidente, ministros y fiscal de la Corte Suprema; y el Contralor General de la República.
Por homologación de letras o grados, tampoco tendrán reajuste las dietas que perciben los diputados y senadores ni la renta mensual de los ministros del Tribunal Constitucional; del presidente del Consejo para la Transparencia; del Fiscal Nacional y del director ejecutivo del Ministerio Público; y de los secretarios del Senado y de la Cámara de Diputados, así como del director de la Biblioteca del Congreso Nacional.
La propuesta legal también contempla los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias para el sector activo; un bono de escolaridad y bonificaciones especiales; el aporte al servicio de bienestar; y un bono de invierno, aguinaldos de fiestas patrias y de navidad para los pensionados, entre otros varios beneficios sectoriales.
Adicionalmente, se contemplan normas anexas en otras materias relacionadas al ámbito público, entre ellas: para eliminar el cobro por certificados digitales emitidos por el Registro Civil; para facultar la aplicación de las remuneraciones mínimas y fijar normas de contratación a honorarios en las universidades estatales; creación de nuevos cargos en algunas instituciones públicas; y para facultar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, a la Superintendencia de Seguridad Social, al Instituto Nacional de Estadísticas y a la Contraloría General de la República a crear un plan piloto de teletrabajo.
Fuente: Estrategia