Revisión de los procesos de inspección, más fiscalizadores en terreno, aumento de los trámites que se pueden realizar vía web, reestructuración de las unidades internas y fortalecimiento de la capacitación tanto a funcionarios como en las pymes son las cinco áreas en que el Gobierno aplicará cambios en el corto plazo para modernizar la institucionalidad de la Dirección del Trabajo.

Así lo anticipa a "El Mercurio" la ministra del Trabajo, Camila Merino, quien señala que el objetivo es contar con un organismo laboral "exigente, pero respetado y donde primen los criterios técnicos", aspecto que forma parte del programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

En esta misma línea de acción, la secretaria de Estado confirma que la idea es ir incorporando al ente fiscalizador en el Sistema de Alta Dirección Pública, planteamiento que durante varios años ha sido solicitado por diversos actores del sector privado para profesionalizar la institucionalidad. Sin embargo, Merino aclara que este tema forma parte de una agenda de más largo plazo.

La ministra también explica que todas las modificaciones que se introducirán en la Dirección del Trabajo están siendo analizadas por la cartera del ramo, pero además por los ministerios de Economía y Hacienda.

Las revisiones

Respecto de las cinco áreas en que se realizarán ajustes, la ministra Merino adelanta que la revisión de los procesos de inspección apunta a que exista uniformidad en las pautas de fiscalización.

"Debe haber una misma interpretación de la ley. No es posible que un inspector fiscalice un tema de una forma y otro emplee otros criterios", sostiene.

En relación con el objetivo de contar con una mayor cantidad de personal de la Dirección del Trabajo en terreno, Merino afirma que este aspecto está ligado con el fortalecimiento de la web y del call center.

El foco, en esta materia, es que más fiscalizadores estén en las empresas y descongestionar las oficinas del organismo al aumentar el número de trámites que los empleadores y trabajadores pueden obtener sin la necesidad de recurrir personalmente a la Dirección del Trabajo.

Uno de los modelos que el Gobierno tiene en la mira es el Servicio de Impuestos Internos (SII), cuyo fortalecimiento de sus servicios en línea ha sido significativo.

En relación con la reestructuración de las unidades internas, los ajustes apuntan a crear macroáreas.

"La DT creció mucho en los últimos años, hay muchas unidades, y a veces la información no fluye muy bien. Entonces, los cambios buscan contar con áreas más claras y mejorar la calidad del servicio, que al trabajador o empleador le respondamos a la primera sus consultas", afirma Merino.

Finalmente, se potenciará la capacitación a nivel de fiscalizadores y pymes. En el caso de estas últimas, explica Merino, hay muchas empresas que no tienen claridad respecto de sus deberes.

De ahí que el objetivo sea realizar una serie de cursos presenciales y de e-learning . Sobre este punto específico, la titular de la Dirección del Trabajo, María Cecilia Sánchez Toro, ha señalado que la idea es fomentar la educación, pero sin dejar el rol fiscalizador.

El organismo ya está trabajando con pequeñas empresas, viendo sus infracciones y dándoles un plazo de cinco a siete días para rectificarlas. Después, la Dirección del Trabajo replicará este modelo a nivel de las medianas empresas.

Presentan proyecto laboral que amplía beneficios al retiro
Ampliar los beneficios para el retiro de funcionarios públicos es el fin que pretende el proyecto de acuerdo aprobado, en forma unánime, por el Senado, donde se solicita al Ejecutivo que corrija el período de vigencia de la entrega de este bono que venció el pasado 30 de julio.

La iniciativa fue presentada por los senadores Soledad Alvear, Ximena Rincón, Carlos Bianchi, Andrés Chadwick, Camilo Escalona, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Juan Pablo Letelier, Pablo Longueira, Víctor Pérez Varela, Hosaín Sabag, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Los legisladores señalaron que la Ley Nº 20.212 de 29 de agosto de 2007 estableció, entre otros aspectos, un bono de retiro a favor de los funcionarios de carrera, a contrata, y de los contratados. Dichos funcionarios debían cumplir una serie de requisitos, sin embargo, dicho el beneficio expiró dejando fuera de su aplicación a quienes cumplan con las referidas exigencias con posterioridad a la fecha mencionada.

Los senadores coincidieron en que esta situación es "contraria" a la equidad, a la justicia social y a la debida igualdad que debe existir entre las personas frente a la ley

Fuente: www.elmercurio.com