La meta autoimpuesta por el gobierno electo de crear un millón de puestos de trabajo toma cuerpo en la medida que se conocen las herramientas a las que echará mano: un sistema privado de "head hunters" para dar trabajo a personas poco calificadas, un ambicioso plan de reforestación y la extensión de varios de los programas tradicionales usados por los gobiernos de la Concertación.

Es el caso de los planes de empleo de emergencia, los que se extenderán en el tiempo a pesar de su carácter poco productivo. Bordean los 30 mil cupos permanentes y son ocupados en casi un 80% por jefas de hogar.

La apuesta de la administración entrante es lograr un mix equilibrado entre políticas pro empleo tradicionales y herramientas sofisticadas, como la implementación de un sistema de intermediación laboral que termine con el aislamiento de los trabajadores que luego de capacitarse no tienen acceso a las redes que les permitan emplearse.

1.- Doblar el crecimiento

Entre 2006 y 2009 el país fue capaz de crear un promedio de 100 mil empleos anuales creciendo a tasas de 2,7%. Si la economía es capaz de doblar ese ritmo de expansión, deberían crearse en torno a 200 mil puestos al año, según Felipe Larraín, coordinador de los Grupos Tantauco. "Planteado en esos términos, no es para nada un desafío estrafalario. Tenemos un plan para crear condiciones para que el sector privado crezca".

2.- Ampliar el subsidio

La administración entrante pretende ampliar el subsidio a la contratación de jóvenes de entre 18 y 24 años a otros grupos considerados vulnerables, propósito que puede resultar debatible si se piensa que esa herramienta está subutilizada desde su creación, a mediados de 2009. En su minuto, la Presidenta Bachelet dispuso un presupuesto de $50 mil millones que irían en beneficio de unos 300 mil jóvenes de entre 15 y 24 años, que ganaran menos de $360 mil mensuales. Según el último reporte del Sence, el interés de los empleadores por utilizar este sistema no ha sido óptimo: cinco mil empleadores, con 60 mil trabajadores declarados.

3.- Intermediación laboral

Otra de las medidas que se barajan tiene que ver con incentivar mecanismos de intermediación laboral privada.

El académico de la Universidad Católica, Marcos Singer, ha estudiado por años las deficiencias del engranaje con que el Estado apuntala el empleo de los sectores más vulnerables y tiene claro cuál es el camino que debiera adoptarse en esta materia: crear una fórmula de financiamiento mixto para que los privados constituyan oficinas de intermediación entre trabajadores y empresarios.

"Yo tuve un head hunter así y tengo la certeza de que las empresas sí están dispuestas a pagar a quienes intermedien entre dos islas: la de aquellos trabajadores capacitados, pero sin redes sociales, y la de los empleadores que necesitan mano de obra", dice Singer.

El costo de un servicio como este es de dos sueldos brutos y, según el experto, los empleadores están dispuestos a pagar un sueldo. "Lo que se necesita es que alguien pague ese sueldo y debería ser el Estado".

4.- Otra justicia

Sólo en el caso en que las condiciones de crecimiento estén dadas, algunas rectificaciones en materia de legislación laboral podrían generar un cambio de ánimo en los empleadores que ayudaría a generar varios miles de empleos adicionales, dice el asesor laboral de los grupos Tantauco, Augusto Bruna.

A juicio del abogado, resultaría estimulante para los empleadores que los tribunales del trabajo se convirtieran en entes colegiados que garantizaran mayores grados de ecuanimidad en el acceso a la justicia laboral.

También tendría un efecto importante modificar los procedimientos monitorios -aquellos juicios que involucran hasta 10 ingresos mínimos-, en el entendido que la nueva legislación estableció que si la sentencia es adversa para el empleador, éste sólo puede alegar la nulidad del juicio basado en infracciones o vicios durante el proceso. La legislación eliminó la posibilidad de apelación y tampoco admite la unificación de jurisprudencia a través de la Corte Suprema.

Finalmente, el experto laboral considera necesario crear la figura de defensores públicos para los empleadores que tengan hasta 10 trabajadores, de modo que tengan acceso a una justicia laboral más equilibrada.

5.- Plan de reforestación

Finalmente, el sector forestal es una de las actividades que tienen mayor potencial para generar empleo poco calificado. "En la zona centro sur hay tres millones de hectáreas que pueden ser reforestadas, pero esa zona no le interesan a las grandes forestales, por un tema de costos laborales. Una posibilidad, entonces, es trabajar esas tierras con pequeños propietarios y para eso se requiere renovar el Decreto Ley 701 y hacerlo menos burocrático", dice Bruna.

Entre 1974 y 2008, el Estado destinó el equivalente a US$ 420 millones en bonificaciones para la forestación de 1.275.000 hectáreas en el país, y para la recuperación de suelos en otras 175 mil hectáreas. Reeditar y perfeccionar el DL 701 podría ayudar a generar entre 70 y 80 mil nuevos puestos de trabajo en la zona centro sur del país, según proyecciones sectoriales.

Fuente: www.elmercurio.cl